Top Manta

Enric Catalá / goo.gl/t5osRW
03/09/2015, Juan Bértiz y Shawn Tarver. Socialismo Revolucionario, Barcelona
El pasado 11 de Agosto moría en Salou, durante un registro de los Mossos d´Esquadra en un piso habitado por inmigrantes africanos, un hombre senegalés que se dedicaba al Top Manta. Se cuestionó el operativo policial, se crearon dudas sobre el accidente que le produjo la muerte al intentar escapar y se produjeron incidentes en esa localidad tarraconense protagonizados por la comunidad africana, la mayoritaria en este tipo de actividad, lo que ha puesto dicho tema, la venta ambulante ilegal y las personas que se dedican a ello, en el centro de un arduo debate que, esta vez, ha afectado de lleno a la administración, más en concreto al ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau.



En un verano en el que la migración ha estado en primera línea de la información, con los refugiados sirios que han llegado a la Europa del este y la vergonzante sangría de todos los años en el Mediterráneo, aquí el debate adquiere también su importancia y su especificidad. Los medios de comunicación no tardaron en crear alarmismo al recordar que detrás de estos vendedores callejeros existen mafias (así las denominaban con toda su connotación de violencia y peligrosidad). Éstas se encargarían de repartir la mercancía –bolsos, cinturones, gafas, zapatos de marcas de lujo, sin serlo en realidad, meras imitaciones, así como falsas copias musicales y cintas de cine- provocando las quejas de los comerciantes y del sector audiovisual que no pueden, afirman, competir con los precios tirados y unos vendedores, recuerdan, que no tienen licencia de venta, no pagan cuotas de autónomos ni impuestos, sin que nadie pueda cuantificar a ciencia cierta el perjuicio económico que dicha actividad les pudiera causar.

Aun cuando es cierto que detrás de estos vendedores hay quien imita productos de lujo o copia música o películas sin permiso, y los distribuye, sin duda de un modo organizado, y también que los vendedores top manta no pagan impuestos de ningún tipo, no podemos olvidar que este colectivo lo forman personas que en su mayoría carecen de papeles, por tanto sin facilidades para el acceso al mercado de trabajo, que ya está de por sí difícil para los europeos y migrantes con papeles. Pero además, al poseer muchos de ellos antecedentes penales por delitos contra la propiedad industrial y/o intelectual, su acceso a la documentación legal ya les es vedada. Estamos a todas luces ante la parte más débil de la cadena, algo que reconocen los expertos en extranjería e incluso la propia policía y buena parte de la judicatura que se enfrenta con este “delito”. Una cadena que está formada por gente joven, en su mayoría hombres, con iniciativa y muchos de ellos con un nivel medio de estudios. Vinieron a Europa con la avenencia de sus familias, con frecuencia tras enormes esfuerzos económicos y humanos, todo ello por mejorar su situación, conscientes de que aquí, en Europa, podían lograr un dinero con el que poder prosperar después en sus países de origen (un fenómenos que nos debería sonar por ser muy parecido a los de los países del sur de Europa hace cincuenta años).

Por tanto, estamos ante una consecuencia de un capitalismo despiadado que lanza a miles de hombres y mujeres jóvenes a migrar para buscarse la vida en circunstancias adversas y cuyo trabajo, legal o ilegal, sirve para que sus países prosperen gracias al dinero que transfieren desde el extranjero y también para que se enriquezcan los países de acogida: son mano de obra barata, acostumbrada al trabajo duro. La migración, de este modo, se convierte en fuente de riqueza para los Estados y en ocasiones incluso en arma arrojadiza entre los gobiernos. Recuérdese si no como España comenzó a exigir visado a los ciudadanos bolivianos cuando el gobierno de Evo Morales decidió la nacionalización del gas, algo que afectó a algunas grandes empresas españolas del sector.

El principal problema al que se enfrenta una mayoría de los manteros es la falta de papeles, lo que les vuelve vulnerables y un sector aún más marginalizado, sobre todo cuando crece el desempleo entre los trabajadores y cuesta que las empresas, en este momento, se arriesguen a dar trabajo a personas sin permiso de residencia. De ahí que muchos de ellos hayan optado por la venta ambulante ilegal. El que se dediquen a esta actividad es por tanto una consecuencia de la falta de papeles y de la imposibilidad para muchos de ellos de regularizar su situación.

Darse cuenta de esta realidad es lo que ha llevado a muchas asociaciones a cuestionar el carácter meramente policial con que se intenta paliar la venta ilegal. No sólo no se consigue erradicar dicha práctica, sino que además empeora en muchos casos la situación de los vendedores por lo referido antes: el que dispongan de antecedentes penales les impide durante un plazo mayor acceder a los papeles, lo que les mantiene en la marginalidad, cuando resulta además imposible en la práctica aplicar las expulsiones ya sea por falta de documentación que acredite la nacionalidad y sea por el gran número de personas con carta de expulsión.

Barcelona y la costa mediterránea, al ser un destino turístico por excelencia, se han vuelto focos de dicha actividad. De allí que la nueva alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y su plataforma electoral, Barcelona en Comú, hayan entrado en el debate tras los sucesos de Salou y se hayan decantado por hacer hincapié en la necesidad de una política más social y menos represiva. El nuevo equipo municipal se ha comprometido a estudiar mecanismos de inserción que permita a los vendedores poder reciclarse en el plano laboral, algo criticado tanto por CDC como por PP. Pero no podemos olvidar que sólo podrán reciclarse realmente aquellos migrantes que dispongan de papeles de residencia y trabajo, con lo que no los tengan van a tener que mantenerse en una actividad irregular, algo contra lo que Ada Colau y su equipo nada puede hacer ya que la competencia de extranjería recae en el Estado (aunque en Cataluña se ha cedido al gobierno autónomo una parte de esta competencia que tiene que ver con los permisos de trabajo). En consecuencia, el ayuntamiento sólo puede incidir una ínfima parte en la realidad de estas personas.

Nos parece detestable que todo el peso de la ley recaiga sobre el colectivo más débil, el de los vendedores que acuden a este mercado para buscarse la vida (en un artículo aparecido en El Periódico el vienes 28 de Agosto, Xavie Bru de Sala se preguntaba por qué no se multaba, por ejemplo, a los compradores que acuden al top manta aun a sabiendas de que adquieren una imitación y fomentan con su compra un delito). Rechazamos la criminalización de todo un colectivo marginado y separado del resto de la sociedad por trabas burocráticas en el marco de una legislación de extranjería que convierte a los seres humanos en mera mercancías. Se impone la solidaridad con estos trabajadores y exigimos políticas sociales reales, comenzando por el reconocimiento de todos sus derechos, entre ellos los de residencia y trabajo.