Contra la criminalización de los movimientos sociales...

Yo también estaba al Parlament

28/03/2015, Juan Bértiz, Socialismo Revolucionario Barcelona


Sin duda el 15 de junio de 2011 la recordaremos muchos como una jornada repleta de entusiasmo y emoción. Las plazas de muchas ciudades del Estado se habían llenado desde hacía semanas de gente de edades y condición muy diferentes que expresaba su protesta y su descontento con la situación del país, con las consecuencias nefastas de la crisis y de los recortes, con el alto índice de desempleo, con el aumento de la precariedad, con un gobierno que había optado por apoyar a los ricos en detrimento de los pobres. En definitiva, se alzaba un grito de cólera generalizado, reflejo de un hartazgo ante unas instituciones que gobernaban a espalda de los trabajadores y del pueblo. El 15M reforzaba las movilizaciones sociales habidas hasta el momento, como las de la sanidad o la educación, que llevaban tiempo reclamando que se detuviera el retroceso en las políticas sociales y un cambio de rumbo ante una realidad que comenzaba a ser a todas luces inaceptable.


El Parlamento catalán, ese día, tenía un pleno para discutir nuevos recortes, motivo por el cual se llamó a la protesta a las puertas mismas de la institución, sede según se nos repite una y mil veces de la soberanía popular. A instancias de la Generalitat, se cerró el parque de la Ciudadela, donde se halla el Parlamento, y ya el 14 por la noche miles de personas se reunieron ante sus verjas para pasar la noche y esperar la entrada de los parlamentarios unas horas después.

Y sin duda esos mismos parlamentarios no olvidarán tampoco esa jornada porque tuvieron que enfrentarse a la protesta generalizada, a la rabia incluso por esas políticas suyas que estaban –y están aún hoy- arruinando hasta la desesperación a miles de personas, además de afectar a cada vez mayores capas de la población. Algunos de ellos ni siquiera podían imaginar que la falla entre gobernados y gobernantes se hubiese agrandado tanto. 

La protesta, sí, fue contundente, como contundente es el desempleo, los desahucios, la pobreza cada vez mayor, el escándalo de la corrupción (faltaba aún tiempo para que saltara a la palestra el escándalo del clan Pujol). Muchos de esos parlamentarios se mostraron escandalizados e indignados ante el carácter, dijeron, violento de los concentrados, sin comprender lo que significaba que miles de personas mostrasen su desesperación por esas políticas de recortes antes mencionadas, pero también ante unos desahucios que estaban, y están, provocando tragedias y un desempleo y una precariedad que mina la vida de muchas personas. Muchos creemos que, de haber violencia, no estaba ésta en quienes ejercíamos la protesta, sino en las políticas gubernamentales.

Llegaron a acusar a los concentrados de terroristas y golpistas, afirmaron que desde el 23F no había habido un ataque tan furibundo contra las instituciones y el entonces conseller de interior, Felip Puig, junto al President Artur Mar, lanzaron sus diatribas contra aquel movimiento, afirmando con vehemencia que íbamos a ver escenas muy duras. El movimiento social hizo caso omiso a tales amenazas y continuó con sus protestas contundentes y claras contra esas políticas que, éstas sí, eran una agresión para la mayoría de la población.

Pero hubo detenidos y se juzgó a 19 personas nada menos que en la Audiencia Nacional, un órgano judicial de carácter excepcional y donde suelen darse vistas relacionadas con el terrorismo. Tanto el Parlamento catalán como la Generalitat, gobernada por CiU, presentaron sendas acusaciones particulares. El juicio se celebró y la Sentencia de la Audiencia Nacional, contra todo pronóstico, absolvió a los diecinueve acusados, entre otras razones alegadas porque se estaba ejerciendo el legítimo derecho de protesta y a la libertad de expresión. El Parlamento y la Generalitat recurrieron la sentencia y ahora el Tribunal Superior de Justicia impone a ocho de los diecinueve acusados penas de tres años de prisión por delitos contra las instituciones. Los grupos parlamentarios apenas han dicho nada del lamentable papel de la institución en este proceso, salvo el honroso abandono de la sala de los tres representantes de las CUP en señal de protesta. ICV-EUiA se quedó en protestas verbales apenas testimoniales. 

Ni que decir tiene que nos solidarizamos con las personas condenadas, que rechazamos el contenido de la sentencia, que nos escandaliza que la Generalitat, cuyo gobierno habla de la legítima soberanía del pueblo catalán y del derecho a decidir, acuda a la justicia del Estado español para reprimir las protestas que ese mismo gobierno pretende silenciar cuando no criminalizar, mientras no parece afectarle otros hechos, o intenta pasar de puntillas por ellos, como la gestión de las cajas de ahorro catalanas o la corrupción del ex Honorable President de la Generalitat. Ante tal desaguisado, sólo cabe la protesta y la denuncia pública.

Pero además siguen no sólo vigentes las causas que nos llevó entonces a movilizarnos, sino que se han agravado muchas de ellas, siendo mayor el sufrimiento de una parte importante de la población por las políticas antisociales del gobierno de CiU. Por eso, hemos de mantener la solidaridad, decir basta a sus políticas antisociales y reforzar las luchas por la transformación social.