CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN, ¡CERREMOS LOS CIEs!


31/10/2014, Juan Bértiz. Socialismo Revolucionario, Barcelona

            Las últimas imágenes vistas de la frontera sur de Europa, la de Ceuta y Melilla, de nuevo nos han recordado con crudeza el drama de las migraciones salvajes, la de miles de personas que recorren en condiciones precarias miles de kilómetros para intentar saltar una valla y entrar en la Europa fortaleza. Es el mismo drama, también grabado con frecuencia y visto en televisión, que el de los cayucos que intentan alcanzar las islas mediterráneas del sur de Europa, Sicilia, Malta o Lampedusa, ésta última todo un símbolo que hizo incluso exclamar al Papa, nada sospechoso de peligroso antisistema o de querer acabar con la cultura occidental, de la que es un importante representante, todo su horror y toda su vergüenza por la insensibilidad de la Europa de los mercaderes y de la guerra.

            La crisis en Europa o la mejora económica en algunos países africanos –Angola, Ghana, Guinea Bissau, entre otros- no ha reducido esos flujos migratorios. Es cierto, las cosas han cambiado si comparamos ambos continentes, la Europa y  el África de hoy, con su situación hace veinte años, pero sin embargo hay zonas inmensas del continente africano que siguen sumidas en una crisis sin horizonte de resolverse, como Mali, de la que ya no se habla, o Nigeria, donde la potencial riqueza del petróleo ha provocado varios conflictos al mismo tiempo. La epidemia del ébola aumenta esta sensación de caos, de desesperación. Y es esa falta de horizontes la que empuja a muchos hombres y mujeres a buscarse el futuro en otro sitio. No nos engañemos, no existe el efecto llamada, como se decía hasta hace bien poco, sino un efecto salida. Pero tampoco olvidemos que las migraciones se vuelven muchas veces instrumentos de las élites económicas para enriquecerse: las élites de los países receptores consiguen trabajadores sumisos y baratos para aumentar los beneficios y las élites de los países emisores de mano de obra se enriquecen con las transferencias de dinero que remiten los migrantes que consiguen trabajo fuera. Como consecuencia (o en paralelo), los flujos de migrantes devienen muchas veces armas arrojadizas de las políticas de los Estados, una pieza más en las relaciones internacionales: no es casualidad que justo cuando Evo Morales nacionalizara el gas boliviano, del que alguna multinacional española sacaba pingües beneficios, el gobierno español decidiera exigir a los bolivianos un visado de entrada en España y de este modo limitar la migración legal e ilegal que generaba al país latinoamericano unos buenos ingresos económicos. En todo caso, los seres humanos se vuelven mera mercancía cuando no moneda de cambio.

            Por tanto, esas imágenes referidas al principio nos demuestran que la migración no se detiene. Y Europa responde mediante la represión, la fuerza bruta, como hemos visto por televisión, con toda seguridad una parte ínfima de la realidad, siempre más brutal que cualquier imaginación o ficción, que diría Oscar Wilde. Pero no sólo hemos de hablar de la violencia en las fronteras, la violencia de las vallas y de los muros, la violencia de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, la que más impresiona con toda seguridad, también hemos de referirnos a otra violencia menos perceptible en la vida cotidiana, pero no menos brutal, la de las políticas de extranjería, la de miles de personas que viven en la ilegalidad en Europa, sin papeles, y que no pueden desarrollar una vida normal por el temor a ser identificados, retenidos y, en el peor de los casos, internados durante un máximo legal de sesenta días en los CIEs, los Centros de Internamiento de Extranjeros.

            No olvidemos algo importantísimo: dichos internamientos no se producen como consecuencia de un acto delictivo, de la comisión de un acto ilícito que lleva a un juicio y por tanto a una sentencia que limita la libertad de la persona que ha cometido el delito (y que además, en teoría, es ingresado en prisión con el objetivo de rehabilitarlo), no: el internamiento se produce por una irregularidad administrativa, simple y llanamente porque la persona no dispone de una autorización administrativa para residir en el país. Se le interna en un CIE según las leyes europeas, homogeneizadas bajo el paraguas legal de la Unión Europea, siempre con el auspicio de un juez, que no entra en el procedimiento administrativo de expulsión del que no es competente y que sólo decide sobre el internamiento o no del migrante, y por un plazo máximo de sesenta días. Si en este plazo la persona –no olvidemos nunca que hablamos de personas- no ha sido expulsada, se la pone en libertad hasta que pueda llevarse a cabo la expulsión.

            En la Unión Europea hay dos tipos de CIEs: abiertos y cerrados. Los centros abiertos son aquellos en los que las personas recluidas pueden salir durante el día mientras que los segundos, los cerrados, no permiten a las personas recluidas salir del ámbito físico del centro, restringiendo las visitas de familiares y amigos, y con posibilidad de visitas más o menos regladas de los abogados. Por tanto, aunque no se les considere ´cárceles –no lo son, dícese, porque el internamiento no es de naturaleza penal-, los Centros de Internamiento de Extranjeros en la práctica lo son, cárceles que limitan el derecho de movimiento de las personas. Los CIEs del Estado Español son todos cerrados.

            El control interno de los CIEs recae en los cuerpos de seguridad del Estado, en el caso español en el Cuerpo Nacional de Policía, con competencia en el ámbito de extranjería (hay que recordar que en las cárceles existe un cuerpo administrativo de funcionarios de prisiones y la policía sólo ejerce una función de seguridad exterior). Se limita la asistencia de organizaciones de solidaridad u ONG que se dedican a prestar apoyo logístico a los migrantes sin papeles. Algunos informes, realizados como consecuencia de incidentes de enfermedad e incluso de muerte por dolencias, llaman la atención sobre la escasa asistencia sanitaria. La tensión que provoca la incertidumbre y el desarraigo, o la convivencia bajo unas condiciones nada gratas, muchas veces amontonados en espacios físicos limitados, es un ataque a la dignidad de las personas y cuando esa tensión aumenta se acude a lo referido al principio, a la represión pura y dura.

            Por esta situación que supone a todas luces una excepcionalidad legal en nuestros marcos jurídicos y una más que evidente vulneración de los derechos de las personas, desde hace años se ha lanzado en buena parte de los países europeos una campaña contra los CIEs. Han surgido numerosas plataformas formadas por un amplio espectro social –asociaciones de abogados, sindicatos, partidos, organizaciones contra el racismo, entidades sociales de las iglesias, etc.- que abogan por el cierre de esos centros calificados como vergonzantes en una Europa que se reclama democrática y de derecho. En ocasiones se lanzan campañas unitarias en todo el territorio de la Unión Europea. Otras, las campañas se circunscriben a los territorios que disponen de alguno de esos centros, como ha ocurrido estos últimos días en Barcelona, donde se realizó el pasado 17 de octubre un acto por el cierre del CIE de la ciudad, bajo el lema “100 razones para cerrar el CIE”. El 18 se llevó a cabo una concentración delante mismo del CIE de la Zona Franca y que buscaba llamar la atención sobre la barbaridad que supone disponer de centros así.

            Resulta evidente que debemos reforzar las plataformas y las campañas por el cierre de los CIEs, que son todo un ataque a miles de trabajadores susceptibles de acabar internados en dichos centros. Por dignidad y solidaridad, por su libertad y la nuestra, no podemos permitir que persistan estas políticas de discriminación y opresión.


            Se puede consultar la campaña  contra los CIEs en: http://cerremosloscies.wordpress.com, o la campaña catalana de estos días en la web http://tancaremelcie.cat .