CONTRA LA SUBIDA DE TARIFAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

17/02/2014, Juan Bértiz. Socialismo Revolucionario, Barcelona

A finales de diciembre, en pleno periodo navideño, el Ayuntamiento de Barcelona dirigido por CiU anunciaba la escandalosa subida de las tarifas del transporte público. El billete sencillo del área metropolitana –de un solo viaje- pasaba de 2 a 2,15 euros, la tarjeta de diez viajes, uno de los bonos más utilizados, pasaba de 9,80 a 10,30 euros, una subida del 5,10% (71% en los últimos diez años) y la tarjeta 50/30, también de las más utilizadas, subía un 8,4% y pasaba a valer 42,50 euros. De este modo, el transporte público en Barcelona es de los más caros de Europa, todo eso además en contexto social nada amable, con una tasa de pobreza que no ha parado de aumentar en los últimos meses, donde la situación escandalosa de hambre infantil detectado en las escuelas públicas va a llegar al Parlamento catalán, con un aumento también del paro y de la precariedad más que preocupante, un descenso alarmante de los salarios y un deterioro del nivel de vida de la población que parece preocupar poco a quienes gestionan y alardean del modelo Barcelona. Pero a su vez, se ha aumentado el tiempo de paso de los convoyes de metro, con lo que se paga más caro un peor servicio. Al mismo tiempo, RENFE anunciaba un aumento de las tarifas que afectaba sobre todo a los trenes de cercanías, utilizadas por millones de trabajadores en todo el Estado.


¿Cómo lo justifica el Ayuntamiento y su alcalde Trias? Pues que ha bajado el número de viajeros y que, cómo no, la responsabilidad recae en el Estado Español que ha reducido su aportación en el transporte municipal. No parece que esos millones de turistas que visitan la ciudad, éxito absoluto se dice, viajen en transporte público y produzcan beneficios para la ciudad, como se señala desde Turismo de Barcelona, al menos para paliar la subida que ha de pagar la población local, ni tampoco se mencionan los gastos faraónicos en ciertas obras públicas –la plaza de las Glorias y su entorno sería un ejemplo actual- o que la Generalitat se gaste trescientos millones de euros al año en las estaciones no utilizadas por la línea 9 del metro, paralizada su construcción como consecuencia de la crisis. Fueron aquellas las dos explicaciones alegadas por el ayuntamiento a los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) tras la primera protesta organizada por esta entidad y por consiguiente, se anunciaba, no se iba a echar marcha atrás a la subida.

A partir de aquí se ha constituida la Plataforma Stop Pujades (Stop Subidas) que todos los miércoles organiza protestas a partir de las 19 horas en numerosas estaciones de metro, de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y de cercanías de RENFE para exigir un cambio en la política tarifaria y un descenso de los precios que castiga más y más a miles de trabajadores, estudiantes y al conjunto de la población, no sólo de la ciudad de Barcelona, también de las ciudades limítrofes, con una población de casi tres millones de personas. Pero además las protestas se han extendido también a otras ciudades de la provincia, como Sabadell, Terrassa o Manresa.

Estas protestas no han parado de aumentar cada miércoles, hasta el punto de afectar nada menos que a casi todas las líneas de metro de la ciudad este último miércoles 12 de febrero, que quedaron paralizadas en buena parte de su trazado durante una media hora, de 19.30 a 20 horas. No sólo se mantiene la convocatoria todos los miércoles hasta que el Ayuntamiento ceda, sino que los sindicatos del transporte público plantean una huelga o una serie de paradas reivindicativas el próximo lunes 24 de febrero, coincidiendo con el inicio de la Feria del Móvil en Barcelona, en contra de esta subida de tarifas. No podemos olvidar que en los últimos años ha habido numerosas huelgas en la ciudad por parte de los trabajadores de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), entidad que cuenta por lo demás con una serie de ejecutivos muy bien pagados, lo que choca con esa política de austeridad que se impone a la población pero que las empresas públicas no parecen aplicar a sus ejecutivos. Hay una necesidad importante de coordinar este movimiento social con las lucha del personal laboral del servicio contra los ataques constantes de la patronal.

Somos partidarios de fomentar el transporte público por sostenibilidad de nuestras ciudades y sus alrededores, para conseguir una mejor y más sana habitabilidad colectiva. Para ello es imprescindible que el transporte sea accesible a los trabajadores, cualquiera que sea su situación laboral, y a otros colectivos sociales, como jóvenes y jubilados, sobre todo en un momento de crisis como el que sufrimos. Hemos de echar marcha atrás a esta subida de los precios de los billetes, pero no sólo para volver a los precios de 2013, sino para que los billetes sean realmente baratos, ya que es esencial como parte de una política de re-distribución de la riqueza. Sólo la nacionalización de todo el servicio, bajo control democrático de los trabajadores y la sociedad en general puede garantizar un fin a los precios abusivos e especulativos. Sobre esta base, se podría luchar con todos los recursos disponibles para conseguir un sistema de transporte público gratuito. Exigimos la gratuidad inmediata del servicio para aquellos colectivos que sufren especialmente la crisis, como los desempleados, las personas que no perciben ayudas sociales o los trabajadores precarios.


Esta es una lucha colectiva y unitaria que se va a intensificar en las próximas semanas. La lucha del Barrio de Gamonal, la marea sanitaria o las protestas de los basureros de Madrid nos demuestra que es posible dar la vuelta a las cosas y conseguir detener el deterioro de nuestras vidas. Tenemos que lograr también mejoras sociales, imponer cambios en la política de las administraciones y bajar el precio de las tarifas de transporte es a todas luces fundamental en estos momentos.