COSTE DE LA LUZ Y ESPECULACIÓN DE LOS MERCADOS

30/01/2014, Ricardo Montesinos, SR Barcelona

A partir de enero la factura de la luz será más cara para los españoles. Este incremento, que podría ser hasta del 11%, es el resultado de la subasta de energía celebrada el pasado 19 de diciembre, que se cerró con una subida del 25’6% para los primeros tres meses de 2014. Además, el Gobierno del PP ha anunciado que subirá los peajes eléctricos hasta un 2%.

Para entender cómo funciona el mercado eléctrico español hay que remontarse hasta el año 1997. Hasta entonces era el Gobierno el que fijaba las tarifas eléctricas. Pero ese año, durante el primer gobierno de Aznar y en el marco de la implantación de políticas neoliberales, se promulgó la ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que liberalizaba el mercado eléctrico español. Éste pasó a ser un mercado de compra-venta en el que la oferta y la demanda determinan el precio de la electricidad. El mercado actual es un oligopolio repartido entre cinco grandes compañías (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP-Energías de Portugal y E.ON) que generan el 80% y comercializan el 90%  de la electricidad consumida.



Dentro de este mercado de compra-venta de electricidad hay dos tipos de tarifas: la de libre mercado (en la que el consumidor negocia directamente con la empresa distribuidora que más le convenga) y la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), que corresponde a los clientes con una potencia contratada igual o menor a 10KW, que es la práctica totalidad de consumidores domésticos y pequeñas empresas, unos 20 millones de contratos en total.

El importe de la factura de la TUR está compuesto de tres partes: Impuestos, peajes o tarifas de acceso y el precio de la energía, que se determina en la subasta trimestral mencionada antes.

Estas subastas están gestionadas por una empresa privada (OMEL) y supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A ellas concurren las empresas generadoras y las comercializadoras y establecen el precio de la electricidad mediante una serie de pujas. También participan agentes financieros (bancos, banca comercial o banca de inversión) queactúan como intermediarios entre las compañías eléctricas. Esta intervención, en realidad pura especulación, puede llegar a suponer un sobrecoste anual de hasta 500 millones de euros.

Los peajes o tarifas de acceso son fijados por el Gobierno y sirven para cubrir los costes fijos del sistema eléctrico: el transporte y distribución de la electricidad, las primas que se pagan a las energías renovables o la financiación del llamado déficit tarifario, otro punto clave para entender la subida del coste de la luz.

El déficit tarifario es la supuesta diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas perciben de los consumidores y los costes que la regulación les reconoce por suministrar electricidad. Es preciso hacer hincapié en que no hablamos de los costes reales, sino costes reconocidos por la regulación. Los costes reales son probablemente inferiores, aunque es difícil estimar en cuánto porque las mismas compañías se niegan a someterse a auditorías públicas de costes.

Este déficit tarifario ha sido reconocido por los sucesivos gobiernos desde el año 2000, cuando empezó a generarse, y asumido como deuda pública: las eléctricas titularizan esta deuda con el aval del estado, que se compromete a saldarla cobrándola en la factura de la luz a través de los citados peajes de la TUR.

Como vemos, la totalidad del mercado eléctrico español se asienta sobre una burbuja, un agujero de 26.000 millones de euros (el agujero de Bankia era de 15.000 millones) que se supone que deben pagar en el futuro los consumidores a las compañías. Resulta evidente que la lógica del Mercado no puede regular el suministro a la población de un bien esencial como la energía eléctrica y que el gobierno no actúa para defender los intereses de los trabajadores, sino los de las grandes compañías eléctricas, a las que permite seguir inflando la burbuja del déficit tarifario que acabarán pagando los mismos de siempre. Si queremos terminar con esta dinámica es necesaria la nacionalización del sector energético, para que esté al servicio de los intereses de la clase trabajadora y no al revés.

Desde Socialismo Revolucionario demandamos:


  • Una auditoria que aclare el coste real de la generación de energía eléctrica.
  • Expropiación y socialización, bajo control democrático de los trabajadores, de compañías eléctricas y sector energético. Nacionalización sin indemnización a los grandes accionistas.
  • Una planificación ordenada de la política energética bajo control democrático de los trabajadores que tenga en cuenta las necesidades energéticas reales de la población, así como su impacto social y ecológico.