EL SAT MUESTRA LA SOLUCIÓN A LA CRISIS: EXPROPIACIÓN DE LAS RIQUEZAS PARA SU GESTIÓN DEMOCRÁTICA


17/09/2012, Victoria Lara, SR Gran Canaria


Si los capitalistas creían que durante el verano la batalla de clases iba a olvidarse temporalmente debido a las vacaciones, estaban muy equivocados. La huelga indefinida de los mineros, desde finales de mayo hasta principios de agosto, y las expropiaciones de alimentos básicos en supermercados por parte del sindicato SAT en agosto, ha popularizado durante estos meses el movimiento obrero en España e internacionalmente, y son solamente un anticipo de la radicalización y lucha de clases que veremos durante este otoño.


El 7 de agosto saltó a los medios de comunicación la noticia de supuestos “asaltos”, como algunos los tildaron, a supermercados de grandes cadenas, en las localidades andaluzas de Arcos de la Frontera y Écija. En realidad, se trataba de una expropiación realizada por militantes del sindicato SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) de alimentos de primera necesidad como legumbres, leche, aceite, etc. para que fueran distribuidos a familias que los necesitaban. Enseguida el estado respondió de la misma forma que intentó hacer con los mineros, para intentar amedrentar a los activistas, es decir, con represión. El Ministro de Interior, aún antes de que se confirmara la denuncia de los supermercados expropiados, ordenó la detención de estos activistas y éstas pronto comenzaron a producirse. En su mayoría fueron detenciones desproporcionadas (en medio de la noche, por policías de paisano, etc.), que terminaban al cabo de horas o días con la puesta en libertad de los activistas, pero obligados a declarar ante el juez por cargos como robo con violencia e intimidación.

Estas detenciones, lejos de reprimir el movimiento, consiguieron el efecto de una gran solidaridad de otros sindicatos, organizaciones políticas de izquierda y colectivos sociales, tanto dentro como fuera de España. Y esto además tuvo el efecto de desbordar a partir de ese momento las marchas obreras que el SAT ha organizado a lo largo de toda Andalucía, y que han contado con la solidaridad y la participación de miles de personas de los pueblos y ciudades por los que han pasado. Por ejemplo, el 7 de septiembre, cuando la marcha llegó a Sevilla, 15.000 personas acompañaron a los militantes del SAT hasta el centro de la ciudad. Y es que los trabajadores han visto claramente la injusticia de nuestra mal llamada “democracia” (más bien, dictadura de los mercados) donde el gobierno se preocupa más del “robo” de productos de primera necesidad de poco valor, que de los ladrones de guante blanco que a través de las preferentes han vaciado el bolsillo de muchos pequeños ahorradores. Esto por no hablar del escándalo de los rescates bancarios en un país donde el paro ha barrido una generación, o de los desahucios de familias por parte de los mismos bancos que retienen cientos de miles de pisos vacíos en espera de que su precio vuelva a subir.

La atención de los medios de comunicación capitalistas también se hizo notar, ya sea por sus intentos de crear “polémica” y “debate” de tipo sensacionalista, o por los de demonizar a los movimientos obreros. Pero esto tuvo el efecto, no esperado, de presentar a los trabajadores el ejemplo de un verdadero representante de los trabajadores como Sánchez Gordillo, que a pesar de tener los cargos de alcalde y parlamentario andaluz, solamente cobra 1200 euros al mes, al igual que el resto de los concejales y funcionarios del ayuntamiento de Marinaleda. El CUT-BAI, parte de IU, gobierna en el ayuntamiento de Marinaleda desde 1979, y ha conseguido grandes logros para los trabajadores de este pueblo como la expropiación de latifundios para su explotación por los trabajadores de Marinaleda en cooperativas, la construcción de todas las viviendas necesarias para los ciudadanos con alquileres simbólicos, y prácticamente el pleno empleo en la localidad, siendo una muestra de lo que se podría lograr si se aplicaran estas medidas a nivel estatal, lejos de la corrupción y miseria que generan el sistema capitalista. Además, el CUT-BAI y Sánchez Gordillo son las figuras más visibles de la oposición dentro de IU a la coalición de gobierno con el PSOE en Andalucía, un gobierno de recortes al que se debería oponer IU si quiere seguir siendo referente político para muchos trabajadores.

En el momento de escribir estas líneas, un total de 49 manifestantes del SAT habían sido detenidos por diferentes acciones realizadas durante las marchas obreras, como ocupaciones simbólicas de otros supermercados, sucursales bancarias, y de grandes fincas. Las marchas obreras por Andalucía aún no han terminado, y la siguiente marcha está prevista para mediados de septiembre. Socialismo Revolucionario denuncia todas las detenciones de manifestantes del SAT como un intento del gobierno de reprimir el movimiento obrero, al igual que ya lo había intentado hacer anteriormente con las detenciones de otros sindicalistas y estudiantes, y exige la retirada inmediata de todos los cargos. Igualmente queremos extender estas demandas y nuestra solidaridad a otras organizaciones y colectivos que están realizando acciones similares.

Es por ejemplo, una vergüenza el juicio y la condena de la mujer que se llevó productos de primera necesidad de un supermercado en Vilafranca del Penedès, ayudada y apoyada por miembros de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en su comarca. A esta mujer no se le ha querido reconocer que su caso se trata de un hurto famélico (el que se produce porque ya no queda otra manera de subsistir) con el argumento absurdo por parte del fiscal de que esa definición "ya no tiene razón de ser en un Estado de derecho que asegura que nadie se muere de hambre" (El País, 5-Sep-2012). El juez la condenó a pagar una multa por hurto, las costas judiciales, y devolver el valor de los productos que se llevó al supermercado. Y lo más sorprendente es que fue condenada en un tiempo récord de tan solo 48 horas desde los hechos.

Muy poco conocen el fiscal y el juez que condenaron a esta mujer de la realidad de muchas familias que no tienen ningún ingreso o solamente pueden sostenerse con subsidios de miseria o con la ayuda de las pensiones, también muy bajas, de sus familiares mayores. Las expropiaciones del SAT y otros colectivos están intentando llamar la atención sobre este problema que no está haciendo más que empeorar y multiplicarse con la crisis. Se estima que el porcentaje de hogares bajo el umbral de la pobreza en España es superior al 20%, y ya empiezan a darse muchos casos de niños cuya única comida que realizan al día es la del comedor escolar. En febrero, un informe de la Fundación Foessa alertaba de que España es uno de los países de Europa con mayor tasa de pobreza, solamente superado por Rumanía y Letonia (Publico.es, 22-Feb-2012).

Los recortes del gobierno sobre servicios básicos como educación, sanidad, ley de dependencia, y los recortes en derechos laborales y sociales como subsidio de desempleo y pensiones, no hacen más que crear más desempleo y aumentar los niveles de pobreza al disminuir el consumo, y cargan sobre los hombros de los trabajadores y los pobres los altos intereses de unas deudas especulativas que ellos no crearon. Mientras tanto, el gobierno sigue cumpliendo con los deseos de los mercados con medidas como los rescates bancarios estatales o europeos y la creación del “banco malo”, que socializan las pérdidas de sectores como el bancario y el financiero para que éstos puedan seguir repartiendo dividendos entre sus accionistas.

La única manera de salir de la crisis y erradicar la pobreza y el hambre, es la nacionalización o colectivización de los sectores estratégicos del país en manos públicas, para que éstos se gestionen de forma democrática y por el bien de la sociedad, en lugar de para el beneficio de unos pocos. Por ejemplo, los pisos vacíos actualmente en propiedad de las entidades bancarias podrían servir para garantizar el derecho a la vivienda, o sus grandes recursos se pueden usar para revertir la situación de recortes y expandir y mejorar los servicios públicos, crear puestos de trabajo con condiciones y salarios dignos, y garantizar una renta básica para evitar la pobreza y la exclusión social.